María Anastasia O´Grady.
Cuando me agaché para tomar en
brazos a la niña de 1 año de pantalones rosados, calcetines morados y sudadera
desgastada, esperaba que empezara a llorar. Es lo que habitualmente hacen los
niños cuando un desconocido se les acerca más de la cuenta. Pero en lugar de
llorar, sólo me miró y pestañeó.
Un momento después, su pequeña
boca dibujó una sonrisa. Cuando la balanceé suavemente un par de vez sobre mi
cadera, se echó a reír. Otros seis niños, más o menos de la misma edad, me
miraban desde sus sillitas, esperando con ansiedad su turno para que los
cogiera en brazos.
Susana (no es su nombre
verdadero) tiene un rostro ovalado, ojos negros y anchos, piel de color oliva
claro y cabello negro. Es una huérfana que fue abandonada al nacer. Pero eso no
quiere decir que no haya quien la quiera. No sería muy difícil colocarla con
una familia que la ame y le provea el apoyo y la educación que todo niño
merece. No obstante, las autoridades guatemaltecas están negando ese derecho de
nacimiento de forma sistemática.
Susana ha vivido desde que tenía
dos días de vida en el Hogar Luz de María, un orfanato privado en el lado oeste
de la capital guatemalteca. Es una vida mucho mejor a la que podría haber
tenido en el abarrotado orfanato estatal, donde hay historias de violencia y
negligencia. El Hogar Luz de María, sin embargo, sobrevive gracias a las
donaciones privadas y su presupuesto es limitado. La atención individualizada y
el afecto son lujos.
Unicef, el organismo de Naciones
Unidas que se autodenomina el defensor de los niños del mundo, tiene mucho por
lo que responder en el caso de la institucionalización de Susana y miles de
otros huérfanos guatemaltecos. Unicef señala que no se opone a la adopción. Sin
embargo, en 2007 y con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos
presionó de forma exitosa a Guatemala, al igual que ya había hecho con la
mayoría de los demás países en desarrollo, para que detuviera el flujo
significativo de salidas de niños abandonados que eran adoptados por familias
en EE.UU.
Para controlar la situación, el
Congreso guatemalteco creó una sola burocracia estatal denominada el Consejo
Nacional de Adopciones (CNA) y las agencias privadas de adopción fueron
prohibidas. La nueva ley estableció una moratoria sobre las adopciones
internacionales, que cada año solían encontrar un hogar para miles de niños.
Escribí sobre la crueldad de esta
"reforma" el año pasado. Desde entonces, la situación sólo ha
empeorado.
Dinora Palacios, quien administra
el Hogar Luz de María, tenía 10 niños a su cargo cuando el orfanato abrió sus
puertas en 2004. Hace dos años, la cifra había subido a 20. El año pasado, ya
llegaba a 30 y ahora tiene 45. Los funcionarios estatales le siguen trayendo
niños porque el orfanato del gobierno no da abasto.
Un problema es que Guatemala no
cuenta con una sólida cultura de adopción. De modo que mientras el CNA se jacta
de decir que los bebés ya no son "exportados", no menciona la
tragedia de los niños que se amontonan en las instituciones porque no se les
puede encontrar un hogar en el país. Unicef informó en abril de 2013 que había
unos 5.800 niños en el sistema que alberga a los huérfanos. Algunos expertos
locales dicen que la cifra es más alta.
Los burócratas han pasado un año
buscando a la madre de nacimiento de Susana. No la han encontrado, lo que
significa que el bebé será a la larga clasificado como "adoptable".
Pero puesto que ya dejó de ser un bebé, las probabilidades de que encuentre un
hogar en Guatemala ya han disminuido. Ahora, debe pasar por los tribunales de
familia, que tienen muchos casos atrasados, y la burocracia, que se mueve a
paso de tortuga. El costo emocional de enfrentar las incertidumbres
burocráticas es un factor que puede disuadir a los potenciales padres.
La situación puede ser más
sombría. Si las autoridades creen que han encontrado a la madre de un niño
abandonado, debe comparecer ante el juez y someterse a una prueba de ADN. No es
extraño que algunas "sospechosas" eludan la prueba del ADN durante
meses, lo que significa un nuevo retraso en el proceso. Si la prueba confirma
la maternidad, la madre debe inscribirse en una "terapia" diseñada
para obligarla a reunirse con su hijo.
Las madres que han soportado la
terapia estatal dicen haber sentido una presión intensa que incluye amenazas de
encarcelamiento y grandes dosis de culpa. Si la madre cede, o algún miembro de
la familia decide hacerse cargo del niño, Unicef puede ver una adopción menos
en los libros de Guatemala y es otra victoria para el CNA.
Las consecuencias no deseadas de
esta política retorcida son innumerables. Una guatemalteca que siente que no
está preparada para abordar la maternidad ahora tiene más probabilidades de
abandonar su bebé que de ofrecerlo en adopción para evitar afrontar la
agotadora manipulación psicológica del gobierno. Muchos bebés quedan
abandonados en los hospitales. Pero también es común leer noticias en la prensa
sobre bebés encontrados en los autobuses y en los cubos de basura.
Es cierto que antes de la entrada
en vigor de la ley había algunos abogados faltos de escrúpulos en el negocio de
las adopciones en Guatemala. Pero la policía los podría haber detectado y
cerrado sus operaciones sin hacer trizas las probabilidades de que miles de
huérfanos encuentren una familia que los quiera.
El director del CNA le dijo este
mes al diario guatemalteco La Hora que "toda esta normativa está enmarcada
en los derechos de la niñez" de vivir en la cultura y hablar el idioma de
su región de nacimiento. Cualquiera que tenga una comprensión tan primitiva de
las necesidades de los niños no debería estar supervisando su bienestar.
Artículo publicado originalmente
en The Wall Street Journal
